Redacción. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha indicado este jueves que los colegios profesionales de Abogados y Procuradores han recibido 2.181.954,26 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Sevilla durante el segundo trimestre.
«El abono se ha realizado en el tiempo récord de 10 días hábiles desde que las certificaciones fueron entregadas a la Junta el pasado 21 de julio», destaca la Consejería, después de que al comenzar septiembre de 2022 la Administración andaluza aún tuviese pendiente el pago del segundo semestre, como consecuencia de retrasos.
En concreto, a los procuradores les corresponden 185.921,51 euros por los servicios del turno de oficio entre abril y junio, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.
En el caso de los abogados, la cuantía asciende a 1.365.897,75 euros por las asistencias prestadas en el turno de oficio y 630.135 por las guardias, que «se incrementaron a principios de año entre un 20 y un 60% tras la entrada en vigor de la nueva orden reguladora de las mismas», toda vez que a finales de junio, abogados y procuradores celebraban una concentración reclamando entre otros aspectos mejoras para los abogados del turno de oficio y la asistencia gratuita, dadas sus «precarias» condiciones.
«Las cuantías que reciben los profesionales por el turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% mientras se aprueba la nueva orden de módulos y bases que actualizará estas cuantías, que están congeladas desde 2009. El texto ya ha sido acordado con los colegios profesionales y tras el verano se aprobará para que entre en vigor en 2024», indica la Consejería.
El delegado territorial de Justicia, Javier Millán, ha puesto en valor el «esfuerzo de la Consejería por agilizar el pago a los profesionales del turno de oficio que hacen una labor social fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos».
Millán ha defendido que la pasada legislatura, la Consejería cambió la fórmula de pago para «agilizarla», pesando entonces el citado retraso.
«Hasta entonces, todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar. Ahora, se pagan en un primer plazo todas las certificaciones correctas, «que son la mayoría», y en un segundo plazo las pocas que tienen que corregir algo en la documentación.
Ello permite que los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciban el grueso del dinero en apenas dos semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre. «Este trimestre los colegios han recibido el dinero en un tiempo récord, 10 días hábiles desde que presentaron las certificaciones el 21 de julio, gracias al esfuerzo del personal de la Consejería y de los colegios profesionales», ha subrayado.
