Redacción. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han desarrollado en la provincia de Sevilla una campaña de lucha transversal contra delitos que afectan a la seguridad social, destapando una fraude de casi 3.000.000 de euros. Se han investigado 39 sociedades y se ha detectado la implicación de 14 personas –siete detenidos y siete investigados no detenidos-.
La investigación comenzó a principios del presente año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. En la documentación se detallaba las distintas formas de defraudación utilizadas por diversas personas y empresas de la provincia de Sevilla.
Tras analizar toda la documentación, los agentes investigaron a un total de 39 empresas y constataron la implicación de 14 personas –siete detenidos y siete investigados no detenidos- por presuntos delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental. Principalmente se trata de los responsables de las empresas aunque también se ha detectado a familiares, testaferros y trabajadores conniventes.
Los policías han realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o, en su caso, que la Autoridad Judicial pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.
Diversas formas de defraudación. Los agentes han detectado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras ponían en práctica diversas conductas. Creaban entramados empresariales en los que la actividad societaria aparecía en una u otra mercantil según convenga, transfiriendo la actividad de la deudora a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal, u ocultaban los bienes a través de sucesivas transmisiones de titularidad, bien de una empresa a otra o bien a familiares o personas de confianza de la trama.
Los policías también han detectado la existencia de denuncias falsas, rotura de precintos, desaparición “fortuita” o venta en negro de los diferentes bienes embargados. Finalmente se ha constatado la falsificación de documentación que certifica estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, figurando así como limpias de deuda y poder continuar con su actividad laboral mediante subcontrataciones, cobrar prestaciones públicas u obtener bonificaciones.
