Redacción. Las infracciones penales en la provincia de Sevilla han descendido un 2,7% en lo que va de año, según se desprende del Balance de Criminalidad de septiembre de 2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Un bajada calificada de «importante» por el subdelgado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, que ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su contribución en este logro.
Según este informe, que analiza los principales indicadores de seguridad, entre enero y septiembre de 2018 se han registrado en la provincia de Sevilla un total de 60.029 infracciones penales, lo que implica, en términos absolutos, una bajada de 1.679 infracciones penales en este periodo.
En esta bajada destacan especialmente los descensos “acusados” de las sustracciones de vehículos, que bajan un 43%; la tentativa de homicidios dolosos y asesinatos, que descienden en un 46,9%; los homicidios dolosos y asesinatos consumados (bajan un 33,3%); y los robos con violencia e intimidación (descienden un 12,1%), entre otros.
Por otro lado, con un 42,2%, la provincia de Sevilla alcanza la segunda tasa de criminalidad más baja de los últimos doce años, por debajo de la tasa total nacional, que se sitúa en un 45,1%.
Efectividad policial. Además de la “reseñable mejora” de los datos de infracciones penales, el subdelegado ha destacado el porcentaje de esclarecimiento de infracciones penales, que se sitúa en un 35,3%, frente a los 34,8 puntos alcanzados en el mismo periodo de 2017.
Lo que experimenta una mejora “significativa” es la tasa de detenidos e investigados, situada en 184 detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones, frente a los 175 de 2017. Desde principios de año hasta el mes de septiembre, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han efectuado en la provincia de Sevilla un total de 11.158 detenciones e investigaciones, 312 más que el año anterior.
Estos datos, según el subdelegado, evidencian “la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que “siguen avanzando y obteniendo éxitos en su lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado en el conjunto de la provincia de Sevilla”.
Carlos Toscano Sánchez ha valorado “el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, según ha asegurado, “cumplen con sus objetivos de mantener la seguridad de los ciudadanos y la convivencia social”. Además, ha valorado “la dedicación” de los agentes” y su “formación permanente” para hacer frente “con eficacia” a las nuevas formas de delincuencia, en las que las nuevas tecnologías e Internet juegan un papel destacado.
Municipios con más de 30.000 habitantes. El informe del Ministerio del Interior incluye también datos de los munipios sevillanos con más de 30.000 habitantes. La mayor bajada de las infracciones penales la experimenta Utrera, con un descenso del 13,9%. Se observan también bajadas significativas en Écija, con un descenso del 8,2%; La Rinconada, con una bajada del 7% y Sevilla capital, con un descenso del 6,2%.
La tasa de criminalidad mejora en la mayoría de los municipios de más de 30.000 habitantes, con descensos más acusados en el caso de Sevilla capital, donde pasa de un 68% en 2017 a un 64,8% en 2018, y Utrera, donde esta tasa pasa de un 40,9% en 2017 a un 36,04% en 2018.
Disponibilidad de agentes policiales. El informe de los indicadores de seguridad del Ministerio del Interior muestra que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil han pasado en la provincia de Sevilla de 5.591 en diciembre de 2017 a 5.657 en 2018, lo que representa un incremento de 66 agentes en la provincia, después del progresivo déficit experimentado desde 2011.
El subdelegado ha reiterado el compromiso del Gobierno con la seguridad y con la mejora paulatina de las plantillas, después de “las políticas de recortes presupuestarios del anterior gobierno”.
Por otro lado, ha indicado que la publicación del Balance de la Criminalidad obedece al “compromiso de transparencia del Ministerio del Interior”, con el objetivo de que “los ciudadanos estén puntualmente informados de la labor que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, homologando nuestro seguimiento a los indicadores estadísticos de criminalidad en la Unión Europea.
