Redacción. La consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha constituido el grupo de trabajo que tiene como objetivo impulsar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas, ya que en el mismo se va a abordar la distribución de los órganos judiciales con el sector, tal y como pidieron en la reunión que mantuvieron con el vicepresidente y consejero del ramo, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Asimismo, se ha anunciado que la Consejería ha asumido la elaboración del Plan de Movilidad, requisito indispensable para el desarrollo del proyecto.
La reunión, celebrada en la sede de la Consejería, ha estado presidida por el director general de Infraestructuras y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, quien ha explicado a los periodistas que tras esa primera reunión celebrada con todos los representantes de la Administración de Justicia su dirección general ha estado trabajando con ellos para perfilar los componentes de la mesa, en la que están presentes “las autoridades judiciales, los decanos de los colegios profesionales, un representante de la junta de personal, el gerente de Urbanismo, un representante de Abengoa y nuestros técnicos”.
En la reunión de hoy, se han tratado dos temas fundamentales, uno de ellos “es el Plan de Movilidad que va unido a este proyecto”, y que tras una reunión con los técnicos del Ayuntamiento se ha acordado que su elaboración y redacción sea asumido por la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas. Un estudio cuya financiación se abordará con los 100.000 euros consignados en los Presupuestos de 2019 para distintos estudios técnicos del proyecto.
La segunda cuestión que se ha abordado en esta primera reunión del grupo de trabajo es saber “cuáles son los juzgados, las jurisdicciones que finalmente van a acabar en Palmas Altas”. No obstante, el calendario de trabajo estima al menos otras tres reuniones más para definir este asunto, ya tras el verano.
“Nuestro compromiso es ponernos a trabajar desde el principio y creemos que vamos a ser capaces de alcanzar un acuerdo con el sector judicial, porque además necesitamos de su conocimiento para que al final la implantación en Palmas Altas sea la correcta”, ha afirmado Reyes.
El director general ha destacado la importancia de estas reuniones junto con el Plan de Movilidad para “alcanzar un acuerdo en cuanto a trasladar Palmas Altas y podremos decir que el traslado habrá tenido un primer recorrido muy certero”. Por último, ha afirmado que el proyecto “se dotará presupuestariamente para que los plazos y los pasos se vayan dando. Este es un primer paso”. “Tenemos que tener en cuenta que es un proceso largo que nos va a llevar esta Legislatura y nuestro compromiso es que lo podamos ver y que sea una realidad de aquí a los próximos cuatro años”, ha concluido.
Con la reunión de hoy, por tanto, se cumple el compromiso que el vicepresidente de la Junta y del alcalde alcanzaron el pasado 25 de junio con los representantes de la Administración de Justicia para trasladarles el proyecto de Ciudad de Justicia de Sevilla en Palmas Altas. En dicho encuentro, tanto ambas administraciones como el sector judicial coincidieron en la viabilidad del proyecto y en fijar una “agenda, una hoja de ruta para que Sevilla tenga una Ciudad de la Justicia definitivamente”, según dijo Marín.
Por este motivo se acordó formar este grupo de trabajo para desarrollar el diseño de esa Ciudad de la Justicia y resolver los problemas de movilidad, que el sector judicial trasladó como una las cuestiones que habría que solventar para llevar a cabo el traslado a esa zona de Sevilla.
El grupo de trabajo ha quedado conformado por el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el juez decano, Francisco Guerrero, que ha estado representado por el magistrado Álvaro Martín; la secretaria coordinadora provincial, Felisa Panadero; los decanos de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Sevilla; un representante de la Junta de Personal; el gerente de Urbanismo, Rafael Márquez; un representante de Abengoa; además de los técnicos de la Consejería; y los directores generales de Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, y de Justicia Juvenil y Cooperación , Francisco Ontiveros.
