Redacción. La Jefatura Provincial en Sevilla de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha finalizado la campaña de investigación para la detección de fraude en las escolarizaciones en centros educativos de la provincia correspondiente al año 2019-2020, con un total de 102 casos denunciados.
La campaña se inició a finales del mes de junio y se ha desarrollado dentro del marco de colaboración institucional entre la Delegación Territorial de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla y la Jefatura Provincial de la Unidad Adscrita con sede en esta provincia.
Así, la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, ha investigado un total de 102 casos denunciados de posibles empadronamientos fraudulentos en domicilios de Sevilla para la obtención de una plaza en centros educativos públicos o privados concertados de la capital. Los casos investigados en este 2019 han disminuido en 10 denuncias menos con respecto de los investigados en el mismo periodo del año 2018, cuando se investigaron un total de 112 denuncias por presuntos empadronamientos fraudulentos.
Los centros educativos con mayor número de casos investigados han sido: el Colegio Itálica, con 11 casos; el Colegio Inmaculado Corazón de María (Portaceli), con 13; el Colegio del Buen Pastor, con 12.; el San José-Sagrados Corazones (Padres Blancos), con 6.; el colegio de La Sagrada Familia de Urgel, con 15.; el colegio Santa Joaquina de Vedruna, con 10; y el Colegio Bienaventurada Virgen María (Irlandesas) con 8 casos.
Los casos más comunes en los que se ha detectado un empadronamientos fraudulento se correspondía con los domicilios de los abuelos de los menores y de otros familiares, fundamentalmente tíos de allegados o amistades de los padres de los menores.
Con estas actuaciones desarrolladas por la Policía Adscrita se pretende evitar el grave perjuicio que se les causa a los padres cuyos hijos no pueden obtener una plaza en el centro educativo que les corresponde por su residencia, dado que algunas de estas plazas educativas son ocupadas por otros menores cuyos padres o madres han falseados los datos reales de empadronamiento con el objeto de que sus hijos puedan estudiar en un centro distinto al que les correspondería por residencia
