Redacción. La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha dado el primer paso para que Sevilla recupere el paseo fluvial de la margen derecha del río Guadalquivir, al haber instado al Ayuntamiento a que inicie el procedimiento de expropiación necesario para incorporar los terrenos donde estaba situada la antigua Comisaría de Policía Nacional de la calle Betis al patrimonio municipal como zona verde.
Dada la complejidad de la tramitación de este tipo de expedientes, el Gobierno andaluz ha mostrado su disposición a negociar con el Ayuntamiento otras fórmulas que permitan evitar que se prolongue en el tiempo la ejecución de las obras de adecuación, explica la Junta en una nota de prensa.
Así, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla prevé la posibilidad de incorporar el inmueble al patrimonio municipal por otros medios, «mucho más ágiles», como la firma de un convenio entre el Consistorio y la Junta que permita compensar a esta última de la pérdida de este inmueble mediante acuerdo de compra, compensación o permuta por otros suelos en la ciudad.
Antiguo club de remo
La Junta recibió el inmueble de manos de la Administración General del Estado en agosto de 2019, un año después de que la Policía Nacional abandonara ese edificio de la calle Betis, que se diseñó en los años 30 del siglo XX como instalaciones del club de remo de la ciudad, para trasladarse a las nuevas instalaciones en Torre Sevilla. Su estado, tras más de un año de abandono, presentaba un notable deterioro como consecuencia de actos vandálicos.
En noviembre de 2019, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, acordaron poner a disposición de la ciudad los terrenos en los que se ubica el edificio para destinarlos a la continuación del paseo fluvial, ya que tampoco es posible destinar el inmueblea otro uso debido a que el PGOU de la ciudad califica los suelos como Sistema General de Espacios Libres SGEL-36, en el que no es posible edificar.
El pasado 27 de enero daban comienzo los trabajos de demolición de la antigua Comisaría de Policía, tras la adjudicación en concurso público de los trabajos por parte de la Dirección General de Patrimonio a la empresa Sólido Obras y Mantenimiento por un importe de 61.710 euros, con un plazo de ejecución de dos meses.
