Redacción. Andalucía da un paso importante para proteger a menores en situación de especial vulnerabilidad. Los consejeros Antonio Sanz (Sanidad, Presidencia y Emergencias) y José Antonio Nieto (Justicia, Administración Local y Función Pública) han firmado una orden que incorpora un protocolo de coordinación. El objetivo es asegurar la continuidad de los cuidados a menores infractores con trastornos mentales y problemas de adicción. La prioridad está en los momentos más críticos. Especialmente, cuando terminan las medidas que cumplen en centros y recursos de Justicia Juvenil.
El protocolo se integra en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (PESMA-A). Además, refuerza el acompañamiento desde el inicio del proceso. Actúa tanto al entrar en un centro de Justicia Juvenil como antes de la salida. En estos centros existen plazas específicas en unidades terapéuticas. Con esta coordinación, la atención no se corta al finalizar la medida judicial. Al contrario, se prepara el paso a los servicios del SAS para que el menor continúe su tratamiento.
El documento también contempla a menores con medidas no privativas de libertad. En estos casos, reciben tratamiento ambulatorio por salud mental o adicciones. La intervención la realizan los equipos de los Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA). El protocolo facilita que, al finalizar la medida, sigan recibiendo atención en la red sanitaria. Así, se evita un vacío asistencial. Y se reduce el riesgo de recaídas o de desenganche del seguimiento clínico.
La orden fija un elemento clave: el nombramiento de referentes en los distintos dispositivos asistenciales. Esto mejora la comunicación entre redes. También agiliza el intercambio de información sobre cada caso. Además, regula contactos mínimos entre profesionales. Define momentos concretos para esos contactos. Incluye el uso de informes y llamadas telefónicas. De este modo, la coordinación deja de depender de gestiones puntuales. Pasa a estar protocolizada y medida.
El texto incorpora plazos para garantizar la respuesta. Se deberán ofrecer citas en salud mental o adicciones en tiempos acotados. La exigencia será mayor cuando haya trastornos graves. Especialmente, en menores que salen de centros terapéuticos cerrados. Además, se facilita el acceso al tratamiento farmacológico desde atención primaria. Para ello, se contará con los referentes designados.
Antonio Sanz defendió que el Gobierno busca fortalecer la coordinación y reducir burocracia entre consejerías. Puso como ejemplo este protocolo. También citó otros acuerdos en marcha. Entre ellos, el Plan de Prevención de la Conducta Suicida en centros escolares, que se actualizará tras dos años. José Antonio Nieto destacó la relevancia del protocolo para completar programas de reeducación. Subrayó que el sistema andaluz es referente y que seguirá mejorando con medidas como esta. Además, recordó la creación del Observatorio de Justicia Juvenil.
Para avanzar en la implantación, este año se actualizarán listados de referentes. También se mantendrán reuniones entre profesionales. Se completará el mapa de reuniones provinciales. Y se incorporará Justicia Juvenil a medidas del proyecto europeo sobre protección, salud mental y bienestar emocional.
