Redacción. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha defendido la reactivación de la mina de Aznalcóllar como un proyecto relevante para la creación de empleo y riqueza para la provincia de Sevilla y Andalucía, pero cuya puesta en marcha debe realizarse «bajo la premisa del cumplimiento íntegro de la normativa aplicable con todas las garantías ambientales, urbanísticas y de seguridad de los bienes, las personas y el medio ambiente«. Bravo ha destacado que se trata de un proyecto complejo cuya tramitación administrativa requiere de un plan especial desde el punto de vista urbanístico, de una autorización ambiental unificada (AAU) desde el punto de vista ambiental, de una autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en materia de concesión y vertido de aguas, y de la autorización sectorial en materia de minas del Proyecto de explotación y el Plan de Restauración.
En la Comisión de Hacienda, Industria y Energía, el consejero ha precisado el estado en el que se encuentran todas las tramitaciones. Así, tras someterse el plan especial a información pública, actualmente se están examinando las alegaciones recibidas. Sobre el estado de tramitación de la AAU, en los meses de marzo y abril de este año el proyecto se sometió a información pública a efectos medioambientales y sectoriales, de manera que las alegaciones recibidas se han trasladado a Minera Los Frailes y en la actualidad se encuentran en estudio. Acerca del estado de tramitación de las autorizaciones en materia de aguas (autorización de vertidos y concesión de aguas), el consejero ha señalado que las distintas cuestiones que afectan a la tramitación del proyecto están siendo objeto de reuniones continuas con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cumplir con sus requerimientos.
«La Administración de la Junta de Andalucía ha continuado impulsando de forma continua y rigurosa, y así seguirá haciéndolo, el cumplimiento de todos y cada uno de los trámites para asegurar la viabilidad social, medioambiental y económica de Aznalcóllar, acompañando a la empresa para una adecuada solución a los diferentes requerimientos para contar con el mejor proyecto minero para Andalucía», ha señalado el consejero, que ha pedido el apoyo al resto de grupos parlamentarios para que, a la mayor brevedad posible, el proyecto de explotación de la mina pueda ver la luz y la generación de empleo y riqueza en la zona sea una realidad inmediata, con todas las garantías, jurídicas, económicas, sociales y medioambientales que sean necesarias.
La empresa que operará la nueva explotación minera de Aznalcóllar, Minera Los Frailes, se hará cargo de los pasivos ambientales, dando una solución definitiva a los mismos, ya que, una vez que termine sus labores mineras y se autorice el abandono de labores, no se dejará un pasivo ambiental para la ejecución subsidiaria de la Junta. Durante los casi 14 años que duró la gestión de los pasivos por parte de la Junta, los costes rondaron los 90 millones de euros y se situaron en los últimos años en unos 850.000 euros por ejercicio.
Desde el punto de vista estrictamente ambiental, el proyecto incluye la rehabilitación no solo de las áreas afectadas por la nueva operación minera, sino también por la actividad anterior. Estas áreas se convertirán en espacios naturales que darán continuidad al Corredor Ecológico del Guadiamar, extendiéndose la superficie a restaurar a lo largo de 380 hectáreas e incluyendo actuaciones de recuperación de suelos, revegetación y reforestación, entre otras. «Todo ello supone que la empresa Minera Los Frailes y el nuevo proyecto minero no va a dar lugar a un mayor deterioro la zona, sino que rehabilitará y mejorará el entorno que lamentablemente resultó devastado por el accidente causado por Boliden», ha precisado el consejero.
La corta será transformada en una mina 100% subterránea. Los estériles y lodos derivados de la operación serán tratados para convertirlos en pasta cementada con propiedades estructurales que se reutilizará para ir cubriendo los huecos de la mina subterránea. En términos de inversión movilizará 304,6 millones de euros y en términos de empleo se crearán unos 2.000 empleos directos, indirectos e inducidos en los próximos 30 años con la puesta en marcha de la mina.
