Redacción. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a los 9.233.319,92 euros.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2018, tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penales que se estaban cometiendo contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras un minucioso estudio de la documentación, se observó que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.
Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -algunos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como familiares de los primeros, a quienes se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.
Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas, con el fin de que pueda solicitarse el embargo de aquellos bienes localizados.
Una empresa con impagos desde hace 10 años y que no daba vacaciones. Desde que en el año 2009 comenzaran las actividades de una de las empresas investigadas, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha un perjuicio a la Seguridad Social de 376.884,01 euros. Por este hecho, la administradora de la sociedad fue detenida como autora de un delito agravado contra la seguridad social.
La falta de voluntad de regularizar la situación con la Seguridad Social ha sido palpable durante estos años, ocultando a la Tesorería General de la Seguridad Social la verdadera situación laboral de la sociedad y su balance económico. A los trabajadores se les pagaba su jornal en metálico, no se les daba de alta en la Seguridad Social ni se les hacía contratos donde se especificaran las horas a trabajar ni el salario que recibir por su desempeño profesional.
A los empleados, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado y en algunos casos desde el año 2013 hasta la actualidad, no se les abonaba el salario si se ponían enfermos o si se iban de vacaciones.
Una sociedad sin trabajadores y con su administrador en paro consiguió 700.000 euros de financiación. Una empresa administrada concursalmente intentó ser comprada fraudulentamente por una segunda sociedad, con la que supuestamente se resolverían los problemas económicos vigentes con la Seguridad Social, valorados en más de 150.000 euros.
Para reforzar la oferta sobre la unidad de producción, la adquirente se valió de un documento firmado por el administrador de una tercera sociedad, que comunicaba la aprobación de una financiación para esta operación por un importe de 700.000 euros. Curiosamente, esta última empresa, que fue comprada por un euro y que no figura dada de alta en la Seguridad Social al carecer de trabajadores, tiene su objeto social muy alejado de la principal investigada y su administrador, en el momento de firma del escrito de financiación, cobraba un subsidio por desempleo, lo cual indica que esta mercantil no tenía capacidad de realizar una operación de esas características.
Esta última empresa, sin ser propietaria de la deudora, se aprovechaba de esta situación para operar sin distinción entre ambas, manejándose la supuesta compradora como encargada de la concursada y utilizando a los empleados de ésta para labores administrativas y de producción en su propio beneficio.
Acreditados los hechos por los investigadores de la Policía Nacional, se procedió a la detención de los administradores de la empresa deudora y compradora por un delito de insolvencia punible. Se imputó por estos mismos hechos al administrador concursal.
