Redacción. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y el Ministerio del Interior de Bulgaria, han desarticulado en Cataluña una organización criminal internacional de origen búlgaro que se había especializado en la fabricación ilícita de cigarrillos y en su posterior distribución por diferentes países de la Unión Europea. La operación ha permitido la detención de 22 personas en Tarragona y Barcelona – 15 de ellas de nacionalidad ucraniana, dos de nacionalidad búlgara, tres españoles, un moldavo y un marroquí-. En la operación se han registrado nueve inmuebles, todos ellos en Cataluña.
Elaboración de tabaco ilegal. Las investigaciones comenzaron en junio de 2017 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de delincuencia procedente de Bulgaria, organizado para cometer actividades presuntamente delictivas y constitutivas de delitos de contrabando, contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la Hacienda Pública.
Las informaciones recibidas indicaban que miembros de la organización se desplazaban desde Bulgaria hasta España con la finalidad de establecer diversas fábricas de elaboración de tabaco ilegal y crear una red de distribución de este producto a nivel nacional e internacional. Transportaban desde Bulgaria el tabaco a granel, sin pasar los pertinentes controles aduaneros, y utilizaban naves instaladas en España para el almacenaje de picadura de tabaco y para el montaje de fábricas dedicadas a su transformación en cigarrillos.
Posteriormente, los distribuían por países de la Unión Europea, principalmente Alemania, Reino Unido y España. Tanto la materia prima como la maquinaria necesaria para el montaje de estas fábricas fueron desplazadas desde Bulgaria hasta España por vía terrestre o marítima. El beneficio económico obtenido de esta actividad ilícita era blanqueado a través de un entramado de empresas instrumentales. También emplearon tarjetas de crédito para cometer fraude en distintos establecimientos.
Más de 200 personas trabajaban para el líder. A raíz de esta información inicial, se inició una investigación conjunta que determinó cómo la organización criminal disponía en España de tres naves industriales. Dos de ellas se encontraban en la localidad barcelonesa de San Quirico del Vallés y eran empleadas como almacenes, mientras que la tercera se situaba en Constantí, en la provincia de Tarragona. Esta última albergaba la fábrica ilícita de cigarrillos y en ella se trabajaba por campañas de escasos meses, lo que dificultó su localización.
Durante los dos años que duró la investigación, los agentes comprobaron que el líder del grupo desarticulado estaba perfectamente asentado en España y había desarrollado una red de negocios legales en los que amparaba su actividad criminal. Esta persona, unida a otras de su confianza entre los que se encontraban un español y un moldavo, había tejido una red de empresas dedicadas a la construcción de viviendas, al transporte por carretera de todo tipo de mercancías y a la compra de empresas en el extranjero. Esta persona contaba con más de 200 trabajadores dedicados a la construcción de viviendas de lujo tanto en España como en Bulgaria y con camioneros de empresas nacionales e internacionales de logística.
Además, el líder de la organización había adquirido una empresa de transporte por carretera en Mali y mantenía negociaciones con ciudadanos sudafricanos, lo que pone de manifiesto el especial interés en invertir parte de sus ganancias en África.
Al mantener una actividad legal tan amplia, los investigadores se vieron obligados a realizar un trabajo minucioso para descifrar qué parte de la actividad de la organización era legal y qué parte no lo era. Como ejemplo de ello, la organización utilizaba los camiones de fruta dirigidos a Sevilla para transportar cargamentos de tabaco con destino a la provincia andaluza.
La organización empleaba comunicaciones cifradas a través de aplicaciones específicas para dispositivos móviles y, en sus desplazamientos, usaban potentes inhibidores que eran capaces de “barrer” hasta 16 frecuencias distintas, lo que denota la alta especialización del grupo.
9 registros y dos centros desmantelados. Una vez que los agentes desentramaron la actividad ilícita de la legal, se planificó un dispositivo coordinado para proceder a la detención de los miembros de esta organización criminal.
El operativo, que se tradujo en 9 entradas y registros con mandamiento judicial, permitió la detención de 22 personas, el desmantelamiento de dos centros destinados a la fabricación clandestina de cajetillas de 13 marcas diferentes de tabaco y la incautación de abundante material para la fabricación de los cigarrillos, además de cajetillas, tabaco ya elaborado, tabaco picado, coches de alta gama, dinero en efectivo y abundante documentación.
En el momento del registro de la fábrica clandestina, se encontraban trabajando en su interior 14 ciudadanos ucranianos y uno procedente de Moldavia. Además, ejercía de encargado un ciudadano búlgaro. Mientras, en Sabadell (Barcelona), Galicia y Sevilla fueron detenidos tres camioneros que realizaban habitualmente las labores de distribución del producto final. Un camión fue intervenido en Mercasevilla con 437.500 cajetillas de tabaco de tres marcas distintas.
La nave destinada a fábrica clandestina tenía en su interior otra estructura construida con el fin de insonorizar el ruido de las máquinas. Además, se encontraba acondicionada con zona de vivienda de los trabajadores, compuesta por habitáculos para la estancia (camas, aseos, duchas) y una zona común con cocina. Por otro lado, el controlador o capataz búlgaro se situaba en el exterior de esta estructura interna, con un habitáculo diferenciado y utilizado solamente por él.
La fábrica contaba con maquinaria para lo que se conoce como “fase primaria” (mezcla del tabaco que va en los cigarrillos según las marcas) y “fase secundaria” (transformación del tabaco picado y mezclado en cigarrillos, después en cajetillas y, finalmente, en cartones de 10 cajetillas). Se halló una segunda nave con maquinaria auxiliar para el tratamiento de la picadura y abundante material para embasar tabaco destinado a fumar en cachimbas.
Las naves estaban completamente cerradas por seguridad. Durante la campaña, los trabajadores vivían en el interior de las naves en total clandestinidad, con las puertas cerradas de la estructura interna y sin ventanas. De esta manera, los trabajadores no se podían comunicar con el exterior. Incluso, les habían retirado los teléfonos móviles y algunos de ellos afirmaron que desconocían el país en el que se encontraban.
Todo ello forma parte de las medidas de seguridad adoptadas por la organización criminal. Estas personas se encontraban en situación de estancia en territorio nacional y, por lo tanto, no estaban habilitadas para trabajar. Habían sido introducidos en España por carretera tras llegar a espacio de la Unión Europea en vuelos procedentes de Ucrania.
La capacidad de producción era tan importante que se falsificaban 13 marcas distintas de cigarrillos con leyendas en castellano e inglés. También se falsificaba tabaco de pipa de agua o shisha de una prestigiosa marca árabe. Consultadas fuentes del sector durante la operación, confirmaron que nunca antes se había desmantelado una fábrica clandestina que falsificase productos tabacaleros de tal cantidad de marcas. Se trata de algo extraordinario e inaudito hasta la fecha en territorio español.
En un día, la fábrica era capaz de manufacturar cajetillas suficientes para completar la carga de un camión como el intervenido en Sevilla, que transportaba un total de 437.500 cajetillas.
El tabaco intervenido tenía un valor de 6.586.401,65 euros, lo que supone un fraude a la Hacienda Pública de 5.140.886,50 euros, a lo que hay que sumar al valor de la maquinaria intervenida para la producción de los cigarrillos cuando se proceda a la oportuna peritación.
La basura y los restos generados por el sistema de producción eran almacenados en grandes cajas situadas en palés de la nave ubicada en la calle Penedés de la localidad de San Quirico del Vallés (Barcelona). Probablemente, se encontraban a la espera de su recogida y traslado a otra ubicación por uno de los camiones que empleaba la organización. Dicha nave también era empleada como almacén del material necesario para el empaquetado de tabaco, tales como palés de cartonaje falsificado de varias marcas de tabaco y bobinas de papel (blanco, plata y transparente).
Finalmente, el producto final era distribuido mediante camiones que realizaban trayectos a Galicia, Andalucía, Reino Unido y Alemania con numerosas medidas de seguridad, llegando a realizar cambios de remolque en zonas despobladas.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Sabadell.
