Redacción. La Clínica Jurídica de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha cambiado su nomenclatura en homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo «en homenaje a los valores universitarios y de lucha en favor de los Derechos Humanos» que encarnó este jurista español de Derecho Internacional «de acreditado prestigio nacional e internacional».
Así, inaugurada en 2011 gracias al impulso de los profesores Raúl Gabriel Sánchez Gómez y Rafael Rodríguez Prieto, e integrada en el Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas en 2019, recibe ahora la denominación de Clínica Jurídica Justicia y Derechos Humanos Juan Antonio Carrillo Salcedo, informa la UPO en una nota de prensa.
«Creemos que los valores universitarios y de lucha en favor de los Derechos Humanos que encarnó el profesor Carrillo Salcedo deben ser los que guíen esta iniciativa universitaria», ha afirmado Rafael Rodríguez Prieto.
Juan Antonio Carrillo Salcedo fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, entre otros muchos méritos. «Algunos tuvimos la suerte de ser sus alumnos y lo que no olvidamos es su profunda humanidad y su extraordinaria vocación y pasión por la universidad».
«Nos hacía sentirnos importantes. Debatíamos resoluciones de la ONU mientras se producían los acontecimientos que las motivaban», ha argumentado Rodríguez Prieto, quien también ha destacado la obra investigadora de Carrillo Salcedo «como buen ejemplo de su dedicación a la enseñanza y a la reflexión crítica».
Formación y compromiso social
El movimiento de clínicas jurídicas está orientado a vincular la formación del jurista, con el compromiso por la justicia social, fortaleciendo así la sensibilidad con los problemas de la comunidad/ comunitarios del futuro profesional.
En este sentido, la clínica jurídica se inserta en la estructura del Laboratorio de Ideas Políticas de la UPO, implantando una metodología que combina el aprendizaje de contenidos, competencias y valores en el ámbito del Derecho, junto con la realización de un trabajo jurídico, de calidad y rigor técnico, al servicio de la comunidad.
Este proyecto vincula la formación práctica específica del alumnado de la UPO con su compromiso social, a través de la colaboración con entidades sociales, organizaciones no gubernamentales o servicios sociales, entre otros, para complementar el conocimiento adquirido en su formación académica, favoreciendo, de esta manera, la adquisición de otras competencias a través de la solidaridad y el compromiso con otras realidades, grupos y personas.
Carrillo Salcedo
El catedrático Juan Antonio Carrillo Salcedo fue miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El profesor Carrillo Salcedo estudió la licenciatura y el doctorado en la Universidad de Sevilla. Estuvo en posesión del diploma cum laude de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (1959) y de su Centro de Investigaciones (1959 y 1960).
Fue catedrático de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado en diferentes universidades españolas. Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla desde 1980 hasta su jubilación y profesor emérito de esta misma Universidad. Fue profesor de importantes centros académicos extranjeros como el Institut International des Droits de l’Homme, de Estrasburgo, el Collège d’Europe, de Brujas; el Institut des Hautes Études Internationales, de París, el Institut Universitaire des Hautes Études Internationales, de Ginebr, la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas o la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra.
El profesor Carrillo fue, además, autor de más de ciento cincuenta estudios de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Relaciones Internacionales. Junto a su labor docente, destacó por su labor en el seno de los órganos de control del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. Así, fue miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos (1979-1985), magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1986-1990) y miembro del Comité de Expertos Independientes instituido por el Parlamento Europeo el 14 de febrero de 1999 para proceder a una evaluación de la Comisión de las Comunidades Europeas.
