Redacción. La Guardia Civil de Sevilla ha desarticulado una organización criminal muy activa a nivel nacional especializada en la comisión de robos con violencia e intimidación y hurtos en interior de viviendas de personas de avanzada edad y que se le relaciona con el robo de miles de euros en joyas, relojes de alta gama, teléfonos móviles o dinero en efectivo, entre otros efectos.
La operación ha finalizado con la detención de seis personas y la investigación de otras seis, así como a la emisión de órdenes de detención de otras dos, sumando todos ellos entre sus antecedentes un total de 238 delitos cometidos por todo el territorio nacional, según han informado desde la Guardia Civil a través de un comunicado.
La operación, denominada Trapaceros, se inició en el mes de febrero de 2019 tras una serie de robos cometidos en varios municipios de la provincia de Sevilla y que presentaban especial similitud con otros cometidos a nivel nacional tras la realización de un pormenorizado estudio delincuencial realizado por los investigadores.
Así, a partir de ahí, establecieron sendos dispositivos de vigilancia hasta detectar el movimiento de un grupo de personas de etnia gitana procedente de la provincia de Alicante que se desplazaba por todo el territorio nacional, pernoctando en hospedajes de pequeñas localidades para dificultar así su localización tras la comisión de los hechos que cometían y en los que estaban especializados, siendo siempre sus víctimas de edad comprendida entre 85 y 95 años, aprovechándose los autores de la vulnerabilidad de este colectivo.
En la investigación se pudo comprobar que esta organización delictiva la conformaban un grupo de 12 personas, cada una de ellas con un rol muy determinado, estando perfectamente estructurados en forma de racimo y que «salían a trabajar» –así es como los propios investigados llamaban a salir a robar–, haciéndolo de forma muy organizada y coordinada y con un alto grado de especialización delictiva.
Así, comprobaron que a diario, una vez marcados sus objetivos, viajaban a diferentes puntos de España a cometer los delitos, todo ello con la finalidad de eludir las labores de investigación, ya que los mismos sabían que eran muy conocidos por diferentes unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a nivel nacional.
Para la elección de las víctimas, el jefe de la organización, apodado El Yiyi, persona catalogada como «violenta y armada» por la Guardia Civil, con un amplio cartel de antecedentes por robos de todo tipo, atentados contra agentes de la autoridad e incluso, homicidios dolosos, hechos por los que ya había cumplido varias condenas de prisión, contactaban con patriarcas de clanes de etnia gitana situados en diferentes provincias.
Al parecer, éstos les proporcionaban la información necesaria para cometer los delitos, asegurándose de que las víctimas no tuviesen la opción de defenderse, por la pérdida de éstas de algunas de sus funciones cognitivas básicas y memoria, debido a sus avanzadas edades.
Una vez tenían seleccionada a la víctima y el domicilio donde cometer el robo, el jefe de la organización se encargaba de alquilar vehículos de alta gama haciendo uso de documentación falsa, viajando siempre un mínimo de cinco personas, normalmente dos hombres y tres mujeres.
Una vez en el lugar, una de las mujeres, normalmente la más joven y con aspecto de inspirar mayor confianza, trataba de ganarse a su víctima haciendo uso de una especial amabilidad y sensibilidad para intentar acceder a los domicilios sin armar revuelo, «pidiendo un poco de agua, algo de dinero, o preguntando por algún familiar al azar diciendo que eran amigos de la infancia», lo que hacía que muchas de las víctimas se fiaran de ella y la dejaran pasar sin más.
Ese era el momento en el cual el resto de mujeres entraban en el domicilio para comenzar a desvalijarlo, llevándose cuantos objetos de valor se encontrasen en la vivienda, todo ello mientras los hombres les proporcionaban seguridad en los accesos próximos, por si las víctimas se percataban de lo que estaba ocurriendo, ejercer intimación o violencia sobre las mismas para que no pudiesen defenderse ni pedir auxilio o ayuda y así, asegurarse cometer el robo y huir dejando a sus víctimas en estado de shock sin capacidad de reacción.
Los objetos, una vez recepcionados, eran enviados a Argelia de forma clandestina. En los casos en que por la lejanía de estos puntos de receptación necesitaban dar rápida salida a los objetos robados para evitar ser detectados en algún control policial, lo llevaban a cualquier establecimiento legal de este tipo, haciendo siempre uso de documentación falsa.
La Guardia Civil de Sevilla, además de las 238 víctimas contabilizadas en operaciones anteriores realizadas sobre los mismos miembros de esta organización, se ha puesto en contacto con otras muchas, las cuales han sido víctimas de los mismos desde el mes de febrero.
En concreto, se les imputa un total de 39 delitos cometidos en todo el territorio nacional, entre robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y hurtos, todos ellos delitos agravados por ser las víctimas en todo caso un colectivo vulnerable. También se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
