Redacción. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina de memoria histórica dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y Coordinación de distritos, ha empezado esta semana a remitir un escrito a 190 comunidades de propietarios de la ciudad para informarles de que cuentan con placas y vestigios franquistas en sus fachadas que incumplen la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
La eliminación de estos elementos es, por tanto, una obligación legal. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, el Ayuntamiento les ofrece a todos los titulares de estos inmuebles la retirada sin coste alguno de estas placas si dan su autorización expresa.
Inventario
La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática establece que deben ser retirados todos los elementos contrarios a la memoria democrática de Andalucía ubicados en edificios de titularidad privada con proyección a espacios de uso público. La responsabilidad en caso de incumplimiento recae sobre los propietarios de los inmuebles.
En los últimos meses, el Ayuntamiento, a través de la Oficina de memoria histórica, ha actuado retirando aquellas placas o símbolos de comunidades de propietarios que lo habían solicitado. Con el objetivo de realizar un análisis completo, la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y Coordinación de Distritos aprobó una partida específica para financiar el proyecto de una asociación memorialista consistente en realizar un inventario de las placas y símbolos franquistas existentes en fachadas de edificios privados de la ciudad.
Retirada y exposición
Este estudio ha detectado la existencia de estos símbolos o placas franquistas en 190 edificios distribuidos por Parque Alcosa, Torreblanca, Bellavista, Cerro del Águila o Macarena, entre otros. A los titulares de todos estos inmuebles se les enviará una carta en la que se les informa de la necesidad de cumplir la Ley de Memoria Democrática y eliminar las placas franquistas y, al mismo tiempo, se les ofrece la posibilidad de retirarlas a través de recursos municipales sin coste alguno para los titulares del inmueble.
Para ello, simplemente deben rellenar y remitir a la oficina de memoria histórica la autorización que se les va a remitir en el plazo de un mes desde la recepción de la carta. Una vez retiradas las placas serán almacenadas para su exposición en el futuro museo de la memoria democrática que el gobierno tiene planificado en la antigua prisión de Ranilla.
«Compromiso con la memoria histórica»
La delegada de Participación Ciudadana, Educación, Igualdad y Coordinación de distritos, Adela Castaño, ha explicado que «este gobierno ha demostrado durante los últimos años su compromiso con la memoria histórica. Retiramos los nombres franquistas del callejero que estaban pendientes, establecimos un marco de colaboración permanente con las asociaciones memorialistas, pusimos en marcha una unidad específica dentro del Ayuntamiento sobre memoria histórica».
Además, señaló que «la retirada de placas en edificios privados es responsabilidad de los titulares de estos edificios, pero queremos garantizar el cumplimiento de la ley y por eso ofrecemos a todos la eliminación de estos elementos sin coste alguno”.
