Redacción. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) que se encuentra adscrita a la empresa municipal Emvisesa, ha tramitado un total de 1.215 expedientes relacionados con necesidad de vivienda o riesgo de pérdida de la misma entre el segundo semestre de 2016, cuando se puso en funcionamiento, y el día 30 de junio de 2019, según indican los datos del informe semestral que realiza Emvisesa.
En el 100 % de los casos en que se produjo desahucio o una situación que implicaba la pérdida de la vivienda, la OMDV pudo ofrecer a los afectados una alternativa habitacional para evitar el desamparo, y el 72% de los expedientes abiertos en relación a la necesidad de vivienda y riesgo de pérdida se encuentran ya cerrados.
«Quiero resaltar la eficacia de los profesionales de esa oficina municipal, que tratan de buscar una salida habitacional a las familias que corren el riesgo de desamparo«, ha comentado el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores.
Durante el primer año de funcionamiento de la OMDV, se abrió el 54 % del total de los expedientes. Progresivamente, la apertura se ha ido ralentizando, «y confiamos en que se estabilice en 20 casos mensuales, aproximadamente», ha apuntado Flores, quien ha destacado la coordinación entre Emvisesa y el Área de Bienestar Social.
Análisis. Al analizar el título de ocupación de las viviendas objeto de esos 1.215 expedientes tramitados, en 436 casos se trata de viviendas en alquiler, cuyos inquilinos corren el riesgo de pérdida de la misma por no poder continuar haciendo frente al pago de la renta. Al alquiler le sigue la ocupación ilegal, con 329 casos: se trata de personas o unidades de convivencia que ocupan la vivienda sin el correspondiente título legal, incurriendo en riesgo de perderla cuando sus legítimos propietarios inician acciones para recuperarla. En 222 casos se trata de viviendas en propiedad cuyos dueños no pueden seguir afrontando el préstamo hipotecario y acuden a la OMDV para buscar una solución. Asimismo, en el 51,8 % de los expedientes tramitados desde la apertura de la oficina, el dueño de la vivienda era una entidad bancaria.
El 76 % de los 871 expedientes cerrados por la OMDV ha llegado a tramitarse judicialmente. Y ocupación ilegal, ejecución hipotecaria y desahucio por el impago de renta copan el 75% del total de procedimientos judiciales.
Desde la aprobación del Protocolo de Convivencia hasta el día 30 de junio pasado, se han abierto 341 expedientes al respecto, de los cuales 69 se iniciaron durante el primer semestre de 2019. De todos esos expedientes, 126 se encontraban cerrados a la fecha indicada, con 78 inquilinos sancionados por incumplimientos del mismo, efectuándose 21 resoluciones de contrato.
Por último, la OMDV recibió más de 360 solicitudes para tramitar las ayudas PPR para familias con pocos recursos durante 2017, que se suman a las 440 tramitadas durante 2018 y las 473 en lo que va de 2019. Todas ellas se remiten a la Delegación de Bienestar Social, que comprueba el cumplimiento de requisitos y determina la ayuda que corresponde a cada caso. A la fecha, los datos de que dispone Emvisesa indican que se conceden más del 64 % de las ayudas solicitadas.
