Redacción. Sanidad impulsará una ley contra las agresiones sanitarias para reforzar la protección de los profesionales del sistema sanitario público andaluz. La futura norma incluirá un régimen sancionador con multas de hasta 60.000 euros. Además, contemplará nuevas medidas para prevenir la violencia y mejorar la seguridad en los centros sanitarios.
El anuncio lo realizó el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la reunión del Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Según explicó, será la primera iniciativa parlamentaria que impulsará la Consejería cuando comience el nuevo periodo de sesiones.
La futura legislación pretende ofrecer una respuesta rápida y eficaz frente a cualquier tipo de agresión. Asimismo, recogerá sanciones específicas para insultos, amenazas, coacciones, agresiones físicas y ataques cometidos a través de redes sociales o medios digitales.
Las multas variarán según la gravedad de los hechos. Además, podrán alcanzar los 60.000 euros en los casos más graves. La norma también permitirá aplicar medidas complementarias. Entre ellas figuran la limitación del acceso a determinados centros sanitarios, el cambio de profesional asignado al agresor y la coordinación con las decisiones que adopte la autoridad judicial.
Por otro lado, Antonio Sanz destacó el esfuerzo realizado por la Junta para mejorar la seguridad de los profesionales sanitarios. En los últimos cinco años, la inversión destinada a este ámbito ha aumentado un 60,7%, al pasar de 37 millones de euros en 2020 a cerca de 60 millones en 2025.
Actualmente, los centros sanitarios andaluces disponen de más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso en consultas y alarmas personales. Además, se han reforzado los servicios de vigilancia en los centros con mayor riesgo.
La estrategia también incluye apoyo integral a las víctimas. Los profesionales que sufren una agresión reciben asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. Durante 2025, los servicios jurídicos del SAS realizaron 195 asistencias letradas, de las cuales 33 fueron calificadas como delitos de atentado.
Asimismo, la Junta ha reforzado la Unidad Sócrates, especializada en prevenir y analizar agresiones al personal sanitario. Desde su creación, esta unidad ha realizado cientos de reuniones con responsables de hospitales, centros de salud y equipos de seguridad para detectar riesgos y coordinar actuaciones preventivas.
Durante la reunión también se analizaron los datos correspondientes a 2025. Andalucía registró 1.976 agresiones a profesionales sanitarios. De ellas, 387 fueron agresiones físicas y 1.589 correspondieron a agresiones verbales o amenazas. Sin embargo, la tasa andaluza continúa situándose por debajo de la media nacional.
Las mujeres concentraron el 74% de los casos registrados. Además, la mayoría de las agresiones estuvo relacionada con demandas de los usuarios o desacuerdos con la atención recibida. En atención primaria, las consultas médicas continúan siendo el lugar donde más incidentes se producen.
En cuanto al reparto provincial, Sevilla encabezó la estadística con 569 casos, seguida de Málaga, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Jaén y Huelva.
Por último, el Observatorio de Agresiones continuará desarrollando nuevas líneas de trabajo junto a colegios profesionales, sindicatos y cuerpos de seguridad. El objetivo consiste en mejorar la prevención, reforzar la formación y seguir impulsando una cultura de respeto hacia quienes trabajan diariamente en la sanidad pública andaluza.
