Redacción. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha firmado esta mañana los acuerdos con 37 entidades de titularidad privada para la formalización de 2.438 plazas a través del concierto social, de las cuales 76 son plazas residenciales para personas con discapacidad.
Estas 2.438 plazas del concierto social para la atención a personas con discapacidad en la provincia de Sevilla se distribuyen de la siguiente manera: 840 son plazas en residencias, 532 en centros de día y 1.066 en centros con terapia ocupacional.
La oferta de plazas del concierto social supone la ampliación de la red de recursos de atención y va a posibilitar la apertura de centros ubicados en zonas geográficas en las que hasta el momento no se ofrecía el servicio. En el caso concreto de Sevilla, hay que destacar tres centros de nueva apertura: la residencia para personas gravemente afectadas por parálisis cerebral Aspace en Dos Hermanas (16 plazas), la vivienda tutelada Avain en el Viso del Alcor (3 plazas) y la residencia para personas con trastorno del espectro autista Parsi en Sevilla capital (14 plazas). El resto, hasta llegar a las 76 nuevas plazas, se ubican en centros que ya prestaban servicio a personas con discapacidad.
La red de centros de la Junta de Andalucía para la atención de personas con discapacidad en situación de dependencia en la provincia de Sevilla está formada por un total de 3.036 plazas, entre las que se encuentran las 2.438 plazas contempladas en el concierto social con centros de titularidad privada. El resto, son plazas en centros de titularidad pública (Ayuntamientos, Diputaciones, …) y en los centros propios de la Junta de Andalucía.
El acto de firma de los documentos relativos al concierto social ha estado presidido por la secretaria general de Políticas Sociales y Conciliación, Lourdes Ballesteros, la directora gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Gloria Espinosa de los Monteros, la directora general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Mercedes María López y el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Joaquín Pérez Blanes.
Para distribuir estas plazas por tipología y provincia se ha tenido en cuenta el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía así como una serie de criterios, entre ellos la ratio de cobertura en las distintas áreas del territorio, la disponibilidad actual de recursos y la demanda de personas que requieren atención residencial en cada provincia. Todo ello de acuerdo con las prioridades consensuadas en las reuniones con las entidades representativas del sector.
En este sentido, el sector reclamaba que se priorizara la oferta de plazas residenciales para determinadas tipologías de discapacidad en aquellas provincias que carecían de recursos específicos. Por ejemplo, en Sevilla no existían hasta ahora plazas para personas con trastorno del espectro autista o para la atención de afectados por parálisis cerebral.
Esto va a permitir una mayor equidad territorial en la distribución de los recursos asistenciales y permite una mayor proximidad al domicilio de las personas dependientes posibilitando, de esta forma, el mantenimiento de los lazos familiares.
En el caso de Andalucía, la adjudicación del concierto social permitirá cubrir un total de 12.520 plazas para atender a personas con discapacidad en situación de dependencia, de las que 265 son nuevas. El plazo de ejecución es de 24 meses y el importe total del concierto supera los 365 millones de euros.
Ventajas de la figura del concierto social. El concierto social es una nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad. Se basa en la libre elección de la persona usuaria y garantiza la continuidad asistencial de las personas que estén actualmente ocupando las plazas, manteniendo la vinculación afectiva y terapéutica.
El objetivo es mantener a las personas en su propio entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, con el fin de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.
