Redacción. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, han mantenido una reunión con los representantes de la Administración de Justicia para trasladarles el proyecto de Ciudad de Justicia de Sevilla en Palmas Altas. Tanto ambas administraciones como el sector judicial han coincidido en la viabilidad del proyecto, tras lo que han trazado una “agenda, una hoja de ruta para que Sevilla tenga una Ciudad de la Justicia definitivamente”, ha dicho Marín.
Para ello, en la reunión, en la que también ha estado presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se ha acordado formar un “grupo de trabajo” para desarrollar “el diseño de esa Ciudad de la Justicia y resolver los problemas de movilidad” que el sector judicial ha trasladado como una las cuestiones que habría que solventar para llevar a cabo el traslado a esa zona de Sevilla.
“El alcalde y yo nos hemos comprometido a presentar un estudio de movilidad y a implicar al Gobierno, mediante el Ministerio de Fomento, para esos desarrollos urbanísticos y de infraestructuras con el objetivo de garantizar en Palmas Altas toda la accesibilidad”, ha señalado Marín. Un estudio de movilidad que vendrá “a determinar las necesidades concretas” y cuáles deberá resolver cada administración desde su competencia.
Marín ha incidido, además, en que para analizar el proyecto en Palmas Altas “tenemos que ver el desarrollo de la zona. No solo con el Centro Comercial Lagoh, que implicará una mejora de los accesos importante, sino también con las infraestructuras que haya que añadir para que se pueda llegar con facilidad, comodidad y en transporte público”.
Asimismo, otra de las cuestiones sobre las que se trabajará inicialmente y de forma paralela al plan de movilidad es un estudio sobre “la capacidad de los espacios suficientes para poder desplazar todos los espacios judiciales a otro lugar, incluso las necesidades si se llegara a trasladar la Audiencia”.
De hecho, Marín ha mostrado su satisfacción con la reunión, asegurando que “ha sido una jornada muy positiva. De hoy va a salir un resultado para el futuro que van a agradecer todos los ciudadanos y que va a permitir desbloquear un tema de ciudad que lleva muchos años enquistado”.
En cuanto a los plazos, el vicepresidente de la Junta ha destacado su intención de que el grupo de trabajo comience a mantener reuniones en esta misma semana, lo que permitiría que “en tres o cuatro años podríamos estar trasladados. Eso es lo que nos dicen todos los estudios y con un presupuesto asumible por la Junta”.
En este sentido, ha recordado que la intervención tendría dos fases, por un lado la adquisición de los siete edificios que conforman el complejo, que supondría 60 millones de euros, a los que habría que sumar otros 33 millones para adaptación, más otros 30 millones de obras de reforma de los edificios del Prado. Además, Marín ha destacado la posible ampliación futura del proyecto con un solar colindante, que también es propiedad de Abengoa. No obstante, la inversión completa dependerá de la distribución final que se realice de la planta judicial, que se decidirá en ese grupo de trabajo.
Por su parte, el alcalde ha asegurado que “el gran avance de hoy es que vamos a trabajar en un proyecto concreto y que puede ser viable”. Espadas, ha destacado que para ello es “necesario hacer un buen trabajo técnico. Primero definir el proyecto, cuántos metros cuadrados, si se trasladada todo o una parte se queda en el Prado. Esa es la decisión capital, que en paralelo debe trabajarse con el estudio de movilidad”.
En la reunión de hoy, además del presidente del TSJA, parte del sector judicial ha estado presente la representante del Poder Judicial en Andalucía, Begoña Rodríguez; el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; representantes de la Fiscalía de Sevilla; el juez decano, Francisco Guerrero; la secretaria coordinadora provincial, Felisa Panadero; los decanos de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Sevilla; los representantes sindicales en la Junta de Personal; y de las asociaciones de magistrados.
