Redacción. Un equipo de 15 personas pertenecientes a la Universidad de Sevilla al que se suman cuatro más de la Universidad de Girona, ha participado como observadores internacionales en las elecciones de El Salvador, que ha dado la victoria a Nayib Bukele.
La misión de observación electoral internacional ha estado coordinada por el profesor de Facultad de Derecho de la US Pablo Gutiérrez Vega, y se ha desarrollado en los consulados de Sevilla y Barcelona. En la labor de observación de la capital andaluza han participado 12 alumnos, cuatro que realizan sus prácticas curriculares en la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, ONG integrada por estudiantes en prácticas y egresados de la US y fundada por este profesor, entre ellos la jefa adjunta de misión Daniela Domínguez, con experiencia previa en Serbia, y otros ocho, que cursan primero de Derecho. Junto a ellos, el coordinador y dos profesores, los tres del Instituto universitario de Estudios sobre América Latina de la US (IEAL), -Gutiérrez Vega, Ignacio Ramos, de Psicología Social, y María Teresa Gómez, de Educación.
El trabajo de observación en Barcelona ha estado coordinado por Gutiérrez Vega, a través de la Clínica Socio Jurídica de la Universidad de Girona, donde han participado cuatro personas, tres estudiantes y un profesor, Marco Aparicio Wilhelmi.
Llevan meses preparándose para llevar a cabo esta labor. Hace dos que recibieron la autorización del Tribunal Supremo Electoral. Desde entonces han tenido que estudiar de manera concienzuda el sistema electoral de El Salvador y salvar todas las dificultades de unas elecciones que “han sido técnicamente muy complicadas, porque por primera vez ha habido dos sistemas de votación para los extranjeros: una para quienes tienen domicilio en España, que pueden llevar a cabo el voto online desde su propio teléfono móvil, y otra solo presencial para quienes en su Documento Unificado de Identidad (DUI) tienen domicilio en El Salvador”, explica el Pablo Gutiérrez. Un cambio muy significativo si se tiene en cuenta que el método para ejercer el voto de las personas extranjeras en las últimas elecciones fue únicamente por correo.
Acreditación oficial
El equipo, acreditado oficialmente el Tribunal Supremo Electoral, ha llevado a cabo la misión enfocada a evaluar de manera imparcial el proceso electoral, la observación activa de la participación ciudadana y el análisis de la transparencia y legalidad en el proceso.
La clínica legal cuenta con una sólida trayectoria en defensa de los derechos humanos y ya es el octavo proceso electoral en el que se embarcan desde que en 2016 comenzara su andadura la clínica legal. Serbia, Perú, Colombia, Filipinas, Paraguay, Túnez, El Líbano fueron experiencias anteriores en las que evaluaron, con mucho rigor y bajo los máximos estándares de exigencia, cuestiones que van desde las condiciones de acceso a personas con discapacidad, hasta que no haya intimidación, que se preserve el secreto del voto o que no se usen los medios públicos de manera no partidaria. Todo ello, plantea el profesor, es necesario desarrollarlo “de una manera imparcial, objetiva y no intrusiva”.
Para realizar este trabajo, que requiere de amplios conocimientos en procedimientos electorales y legislación propios de cada país, se basan en un código de conducta, en los estándares internacionales de la Comisión de Venecia y en la experiencia de décadas del profesor Gutiérrez, que ha participado en 18 procesos electorales en todo el mundo.
Clínica de Derechos Humanos de Sevilla
La Clínica de Derechos Humanos de Sevilla trabaja con la filosofía de las clínicas legales, como método de aprendizaje del Derecho basado en casos reales de interés social para provocar la reflexión de los estudiantes. Está formada por comprometidos estudiantes de la Universidad de Sevilla que aportan sus conocimientos y experiencia, no solo en el campo de la observación electoral, en la que son pioneros, sino que se adentra en la lucha en favor de los derechos humanos, con la atención jurídica a personas migrantes en un consultorio semanal (recientemente ayudaron a 23 familias ucranianas a regularizar su situación) o en casos de “litigación de impacto”, en el que tratan casos emblemáticos de violencia de género o de personas que se encuentran privadas de libertad.
