Fermín Cabanillas. Cáritas de Andalucía y la Agencia Andaluza de la Energía han suscrito un protocolo de colaboración con el fin de desarrollar propuestas que incidan en una reducción de las condiciones de pobreza de muchos hogares de andaluces que entran en situación de Pobreza Energética, al no poseer capacidad para asumir los pagos de la energía o destinar una parte excesiva de sus ingresos a la factura energética de su vivienda.
Entre 2008 y 2018 el precio de la energía y los ingresos familiares han seguido dinámicas inversas. Mientras la energía eléctrica para una familia media ha subido un 77,9 %, los ingresos económicos en el hogar se han visto reducidos un 1,3 %, a lo que, además, hay que sumar el desproporcionado y desmesurado aumento de la energía del último año.
Gastos de electricidad
El Informe FOESSA de 2018 señalaba que el 20,8 % de la población andaluza se ha visto obligada a reducir los gastos de suministros de la vivienda (electricidad, agua, gas), el 11,9 % se ha visto sin dinero suficiente para el pago de gastos relacionados con la vivienda y el 4,7 % ha tenido que hacer frente a avisos de corte en el suministro de luz, agua o teléfono. Una situación que ha afectado especialmente a las familias numerosas (27,8 %) las monoparentales (24,9 %) y aquellas encabezadas por una mujer (23,5 %).
Mediante este convenio se quiere contribuir a un desarrollo energético sostenible gracias al impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Recursos renovables
Y es que Andalucía cuenta con numerosos y abundantes recursos renovables (sol, viento, biomasa, agua y geotermia), a partir de los cuales se puede generar energía de manera limpia y segura. Su uso permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción y del consumo de energía y constituye una alternativa esencial a los combustibles fósiles en nuestra Comunidad Autónoma.
Por ello, resulta fundamental impulsar el conocimiento de estos recursos renovables para que la ciudadanía pueda hacer uso de estas inagotables y autóctonas fuentes de energía, cuyo aprovechamiento origina unos elevados beneficios ambientales, sociales y económicos, sobre todo para aquellos colectivos que son más vulnerables.
La pobreza energética
La llamada pobreza energética constituye un reto capital para la sociedad y tiene repercusiones directas sobre la salud, que afectan aproximadamente a 54 millones de europeos. Los elevados precios de la energía, los bajos ingresos y unos hogares mal aislados, húmedos y poco saludables han dado lugar a un incremento de las tasas de pobreza energética en toda la UE.
Por ello, como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», la Comisión Europea ha propuesto una serie de actuaciones para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, la mejora de la eficiencia energética y las energías renovables constituyen herramientas útiles para reducir el gasto energético y facilitar el acceso de los colectivos vulnerables a una energía limpia, segura y de calidad, contribuyendo así a lograr una transición energética más sostenible y justa, y a reducir la pobreza energética.
La pobreza tras la COVID
La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que la vivienda es el principal elemento de protección no solo para nuestra salud, también para la salud pública, por lo que Cáritas Regional se propone colaborar, mediante la suscripción de este protocolo, en la adaptación de las viviendas y las ayudas a las personas que las habitan, no solo con el pago de la energía, también aportando conocimiento sobre los recursos energéticos y su uso eficiente, mediante el desarrollo de iniciativas que faciliten el acceso de los colectivos vulnerables a las energías renovables.
El convenio permitirá además el desarrollo de la concienciación social para facilitar un cambio de hábitos en la ciudadanía, con especial atención a los colectivos vulnerables, orientado a reducir el consumo energético y el gasto asociado, e identificar las oportunidades de inserción laboral de colectivos vulnerables en los sectores de las energías renovables y la eficiencia energética.
