Redacción. El Ayuntamiento de Bormujos ha aprobado en pleno una moción en la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia de ciudadanos frente a la ocupación ilegal de viviendas, intensificando el papel de los ayuntamientos para luchar contra las mismas.
En este sentido, se ha acordado, con el voto a favor de Cs, PSOE y PP, en contra de Vox y Adelante Bormujos y la abstención del concejal adscrito, reforzar la vigilancia de los inmuebles abandonados, así como poner a disposición de los propietarios afectados por una ocupación, servicios de asesoramiento y orientación jurídica.
“La administración más directamente implicada en la problemática de la ocupación ilegal de viviendas es la administración local”, ha señalado Cyra de la Cruz, que ha defendido la moción, “estas administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos.”
Potenciar la coordinación y la cooperación institucional
Igualmente, se propone potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular entre policía municipal, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, así como a la administración de justicia.
El texto, presentado por el grupo municipal de Ciudadanos, deja clara “la protección de la propiedad privada como algo esencial”, una cuestión jurídicamente garantizada. Según ha indicado Cyra de la Cruz, la justicia ya ha calificado como delitos de “usurpación” los actos de ocupación ilegal de viviendas “actos ilegales que merecen el reproche de los poderes públicos”.
Se hace alusión además a los largos procedimientos judiciales para la resolución de estas actuaciones ilegales, un “grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz y convierte a los propietarios en víctimas”.
Cyra de la Cruz ha abogado por introducir modificaciones legales “que permitan la restitución inmediata, al titular del inmueble, la posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido”. Por ello se insta al Gobierno y las Cortes Generales a promover las reformas legales necesarias para ello.
La concejala ha matizado que hay entidades financieras que desahucian a familias en situación de vulnerabilidad “y siempre apostaremos por la ayuda y defensa de estas familias que merecen toda nuestra atención, lo que jamás ampararemos será la comisión de un delito”.
