Redacción. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del Ayuntamiento, que blindará el servicio que se presta en la ciudad a través de los Centros Integrales de Atención a la Mujer, dando estabilidad a la plantilla al crear 33 plazas, a la vez que ampliará la red de puntos existente poniendo dos más en servicio en Pino Montano y Cerro-Amate, que se suman a los seis actuales. De esta forma, se resuelve la situación de provisionalidad que tenía este servicio desde su puesta en funcionamiento y dejará de estar condicionada por las convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía.
El consenso supone que, por primera vez, los servicios de atención a la mujer y lucha contra la violencia de género pasen a formar parte de la plantilla municipal con presencia en la RPT. Para ello, de acuerdo con la normativa actual, se amortizan un total de 33 plazas de distintos servicios (8 auxiliares administrativos, 8 personas con licenciatura de Psicología, 8 especialistas en Derecho y violencia de género, 8 profesionales de Trabajo Social y una persona educadora social), con el objetivo de crear otras tantas, vinculadas a esta prestación que el gobierno municipal considera esencial.
Con esta reordenación de la plantilla municipal, se dota de personal a ocho centros de información y atención a la mujer, dos más de los existentes en estos momentos. De esta forma, una vez que se realicen las contrataciones, previsiblemente durante el verano, se podrán abrir dos puntos más ubicados en los distritos Cerro-Amate y Norte, concretamente en el barrio de Pino Montano.
Los Centros de Atención Integral a la Mujer conforman una red de dispositivos que persigue luchar contra la violencia de género y atender todas aquellas situaciones de desventaja que, por razón de género, se puedan producir. Es un programa que, hasta ahora, se ha prestado en colaboración con la Junta de Andalucía, lo que ha provocado distintos periodos de inestabilidad debido a la normativa estatal que limita el gasto, las competencias y las contrataciones de las administraciones locales.
