Redacción. La aprobación, por parte del Gobierno de España, de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, implicará una subida salarial para los dos millones y medio de empleados de las tres administraciones -estatal, autonómica y local- y Universidad, a partir del 1 de enero.
En el caso de la provincia de Sevilla, la medida beneficiará a 116.375 empleados, concretamente, 19.939 trabajadores de la Administración Pública Estatal, 59.780 de la Administración autonómica, 27.932 de la Administración local y 8.724 de la Universidad, según se desprende de los datos contenidos en el último balance estadístico (julio de 2018) del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, ha destacado que, con esta subida, el Gobierno de España reconoce el “gran esfuerzo” que los empleados públicos hicieron durante la crisis, “su dedicación, su profesionalidad y vocación de servicio público”.
Este Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, aprobado en el pasado Consejo de Ministros del día 21, establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que se podría sumar hasta otro 0,25% de retribución variable, cuyo porcentaje exacto se determinará por la evolución del PIB. Además, se destina otro 0,25% de fondos adicionales para la mejora de la productividad, cuyo reparto está sujeto a la negociación de las organizaciones sindicales con cada administración.
La aprobación de estos incrementos cumple el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los empleados públicos, que han soportado en los últimos años congelaciones e incluso reducciones salariales.
Igualmente, esta medida salarial se une al acuerdo ya adoptado en el Gobierno de promoción de la mayor oferta de empleo público de la última década, con más de 30.000 nuevas plazas, con la reversión de recortes en materia de incapacidad temporal de los empleados públicos, así como la equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la celebración de la Mesa de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal, que no se reunía desde hacía 15 años.
